“Desde los Grupos Legislativos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, rechazamos categóricamente las acusaciones sin fundamento emitidas por los diputados de Movimiento Ciudadano en torno a las reformas a la Constitución Local aprobadas por el Congreso del Estado que disponen la adscripción orgánica del Instituto de Defensoría Pública al Poder Judicial del Estado de Nuevo León”.
Así lo manifestaron los diputados del PAN y PRI a través de un comunicado de prensa, quienes aseguraron que el Poder Judicial, encabezado por el magistrado Arturo Salinas, actuó conforme a derecho y cumplió con la disposición constitucional al tomar el control de la Defensoría Pública.
Cabe destacar que ante la referida reforma constitucional de carácter orgánico, el ex director general del Instituto de Defensoría Pública (entonces adscrito al Poder Ejecutivo), Reynaldo Cantú Shay, promovió un juicio de amparo del que derivó un criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, mismo que negó la suspensión solicitada por Cantú para efecto de no ser removido del cargo.
Dicha negativa resultó de la consideración del Tribunal de que “al estimarse que una norma constitucional local que ordena orgánicamente el funcionamiento de las instituciones que coadyuvan a la impartición de justicia es de orden público y por tanto la suspensión de sus efectos es improcedente”.
Con dicho criterio, aseveraron, se confirma la validez de las normas referidas, mismas que deben ser observadas por todas las autoridades.
“Es importante destacar que el Gobernador y funcionarios del gobierno de Movimiento Ciudadano han omitido ilegal y arbitrariamente la publicación en el Periódico Oficial del Estado de una gran cantidad de decretos aprobados por el Congreso, lo que demuestra una clara intención de secuestrar la ley según sus intereses políticos”, afirmaron los legisladores.
Dijeron que sorprende que los diputados de MC señalen como abuso de poder el acatar una disposición constitucional validada por un tribunal federal, cuando son ellos quienes solapan las arbitrariedades del Poder Ejecutivo, que incluso, han derivado en proceso penales contra funcionarios estatales.
Por otro lado, mencionaron que las acusaciones sobre el pasado político de Salinas son irrelevantes e infundadas, ya que en su cargo actual se ha desempeñado con transparencia y legalidad.
“Hacemos un llamado a los diputados de MC a que respeten las decisiones del Poder Judicial de la Federación y dejen de manipular la ley a su conveniencia. Nuevo León necesita certeza.
Nuestros Grupos Legislativos del PRI y del PAN reiteran su compromiso con la legalidad y el estado de derecho y confiamos en que la justicia prevalecerá en este y otros casos”, concluye el escrito.
